Regulación de las vacaciones: Retribución y disfrute

La Constitución Española recoge el derecho de los trabajadores a disfrutar de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas para contratos laborales de un año (para contratos inferiores hay que calcular la proporción). Una excepción son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que tienen derecho a 18 días hábiles pagados de interrupción de contrato.

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Las fechas de disfrute de las vacaciones serán fijadas entre el empresario y trabajador y podrán ser fraccionadas, siempre y cuando una de esas fracciones abarque mínimo 2 semanas laborables ininterrumpidas. El calendario de las vacaciones se debe conocer como mínimo dos meses antes de su comienzo.

Las vacaciones suelen disfrutarse en el año natural a excepción de si coinciden con un permiso por maternidad o paternidad, enfermedad o accidente.

Cuando se rescinde o termina el contrato, las vacaciones que no hayan sido disfrutadas deben incluirse en la liquidación, cotizándose por ellas. En el resto de casos no será posible compensar las vacaciones con dinero.

En el período vacacional, el trabajador recibirá el mismo salario que en una jornada ordinaria de trabajo. Complementos como dietas por desplazamiento, plus de transporte o comisiones por venta, no serán incluidos a no ser que se hayan pactado con anterioridad.

El trabajador durante su periodo vacacional tiene libertad y, por lo tanto, podrá realizar tareas laborables para otra empresa. Este aspecto es muy delicado, puesto que podrá llevar las tareas a cabo siempre y cuando no se haya pactado la no concurrencia, y aunque no se haya pactado, no incurra en concurrencia o competencia desleal, desempeñando tal actividad en el sector en el que el trabajador presta sus servicios en la empresa en la que está contratado. En estos casos, existiría  un incumplimiento grave y culpable del trabajador que podría conllevar como sanción incluso el despido.

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Retos regulatorios de las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías vienen pisando fuerte generando avances y mejoras. Sin embargo, no pueden estar ajenas al Derecho y, desde este punto de vista, existe una gran falta de regulación que proteja las tecnologías y velen por los derechos de los usuarios. Una de las principales dificultades para las empresas, es la existencia de normativas diferentes en cada país, por lo que deberán cumplir unas u otras en función del país en el que se quieran instalar e independientemente de su país de origen. A continuación, vamos a analizar algunas de estas nuevas tecnologías que aún no tienen demasiadas regulaciones. Cloud Computing  cloud computing La nube es una gran oportunidad para las empresas ya que les permite alojar todo un software en la red sin necesidad de instalarlo en el ordenador, y con un bajo coste. El inconveniente que plantea es el desconocimiento del nivel de protección de los datos o de la información almacenada. Las empresas proveedoras de servicios en la nube pueden almacenar los datos en cualquier parte del mundo, aspecto que tiene sus ventajas como la protección de los datos, pero también produce controversias a la hora de aplicar la ley. Según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) no es posible subir datos a la nube sin verificar en qué país o países se encuentran y, además, dichos países deberán tener una legislación de protección de datos similar a la nuestra. Big data En la actual LOPD no se especifica una normativa específica para el Big Data, aunque si se limita el cruce de datos con el objetivo de preservar la privacidad de los usuarios. Además, los usuarios deben dar su consentimiento para que las empresas recaben información sobre ellos. Todos los datos recogidos deben ser empleados con el objetivo para el que fueron recabados, a excepción de los datos obtenidos con “disociación de la identidad desde su origen” que quedan excluidos de su tratamiento bajo la regulación de la LOPD. Redes Sociales Los consumidores ya no solo consumen, si no que ahora son creadores de contenidos. Este hecho dificulta la gestión de la propiedad intelectual, que en muchos casos es cedida a las plataformas digitales en las que se cuelgan esos contenidos. Además, esto implica que puedan ser utilizadas por cualquier usuario, vulnerando así los derechos de la Propiedad Intelectual. Otro aspecto es la suplantación de la identidad de los usuarios en las redes sociales, aspecto que aún no está regulado. En caso de que esto ocurra se recomienda acudir a las plataformas digitales para que solucionen el problema antes de tomar acciones legales. Drones dron La regulación de los drones lleva vigente en España casi dos años. Según esta regulación existen dos tipos de drones para los que es necesario estar en posesión de un carnet de piloto. En cualquiera de los casos, queda prohibido sobrevolar núcleos urbanos o espacios con alta masificación de gente y se debe pedir un permiso expreso a AESA. Estas restricciones ponen un límite a las aplicaciones de esta nueva tecnología, ya que empresas como Amazon están estudiando la posibilidad de emplearlos para entregar sus productos a los clientes de forma más rápida y eficiente. Países como Estados Unidos ya ha cambiado su legislación para facilitar a las empresas esta aplicación, ¿deberá España seguir con el ejemplo? Coches autónomos En los países pertenecientes a la Unión Europea aún no existe una normativa para estos vehículos. Tan sólo se menciona que deberá haber siempre una persona al volante. Para permitir que estos vehículos circulen por las carreteras de nuestro país deberá existir una homologación de los vehículos y una legislación sobre seguros y responsabilidad civil. La mayor incógnita que se plantea actualmente es quien sería el responsable en caso de accidente. Impresoras 3D impresora 3d Las impresoras 3D ya son asequibles por los consumidores que pueden comenzar a escanear sus propios objetos. La regulación de esta nueva tecnología deberá atender cuestiones jurídicas sobre la Propiedad Intelectual e Industrial, como la descarga de los diseños ilegalmente, la fabricación de objetos patentados o la fabricación de productos de marcas que puedan no distinguirse del producto original.

Importantes cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

De los muchos cambios y reformas legislativas que se han producido en las últimas fechas, una de las más significativas es la que ha afectado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que marca las reglas del juego del procedimiento penal, y que ha venido a modernizar y a recoger aspectos demandados por la sociedad y otros que tratan de convertir dicho procedimiento penal en más ágil y eficaz.

Los títulos de las dos leyes que han venido a modificar dicho cuerpo legal son bastante significativos. A saber, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de la investigación tecnológica, y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

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Una de las modificaciones más importantes es la que afecta a la duración de la instrucción judicial. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos asistido con frecuencia en los medios de comunicación al desfile de terminología procesal penal como consecuencia de la multitud de causas abiertas derivadas de los múltiples casos de corrupción que han asolado nuestra sociedad. Uno de los términos más repetidos es el de la instrucción de los procedimientos penales, que no es otra cosa que la fase de investigación que lleva a cabo un Juez instructor en la que se tratan de esclarecer determinados hechos presuntamente constitutivos de delito y de recabar todas las pruebas posibles sobre los mismos a fin de que, si resultan ser delictivos, puedan ser posteriormente enjuiciados en la fase de juicio oral por otro Juez o Tribunal diferente al instructor.

Pues bien, en muchos casos esa fase de instrucción se eterniza (por ejemplo, el caso de los ERE de Andalucía o el caso Noos, entre otros), convirtiendo al proceso penal en ineficaz y provocando un juicio social paralelo que no se debería producir antes de que un Juez dictara una sentencia condenatoria. Ahora, con la modificación se introducen límites temporales en dicha instrucción judicial, estableciéndose en seis meses para las causas sencillas y en dieciocho meses para las complejas, prorrogables por iguales períodos. Considero que dicha modificación es un acierto al limitar dicha fase de instrucción, sin embargo también corremos el riesgo de que, ciertas causas que resultan ser muy complejas en la investigación y en la obtención de pruebas, puedan quedar impunes al llevarse a cabo una instrucción insuficiente, puesto que se ha marcado un tiempo máximo para la misma. No obstante, entiendo que la reforma era necesaria en aras de agilizar el proceso penal.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, aunque para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción.

Otra modificación importante es la que se ha operado para los procesos llamados macrocausas, en los que existen múltiples imputados y múltiples delitos. Ahora se podrán separar las diferentes piezas de dichos macroprocesos, de manera que pueda instruirse de modo independiente una causa por cada delito, y que puedan enjuiciarse individualmente, sin esperar a la finalización de una farragosísima instrucción que afectaba a una pluralidad de delitos y que no se podía alcanzar la fase de juicio hasta que no finalizase la instrucción de todos los delitos en su conjunto.

Otro término que cambia es el del famoso “imputado”, que es la persona sobre la que recaen, en fase de instrucción, indicios racionales de comisión de un delito, aunque un imputado no es ni mucho menos un condenado, como la sociedad casi nos lo ha querido hacer ver en los últimos tiempos. Un imputado puede incluso llegar a dejar de serlo en fase de instrucción al no encontrarse pruebas o indicios suficientes que puedan acreditar que haya sido responsable de un delito, y también puede llegar a ser en su día juzgado y resultar absuelto al no poder demostrarse su culpabilidad, por lo que la identificación entre el término imputado y condenado ha llegado a ser totalmente nociva, de ahí su modificación.

En la actualidad el imputado pasa a ser “investigado”. Si resultaran indicios suficientes de criminalidad en la fase de instrucción, pasará a denominarse “encausado”, término equivalente al de acusado. Pero no olvidemos que una persona es culpable sólo en el momento en que un Juez dicta una sentencia condenatoria, no antes.

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También es digna de mención la modificación que se hace a fin de acabar con las llamadas “penas de telediario”, es decir, se regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de una persona durante su detención. Para ello los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán adoptar las medidas necesarias dirigidas a evitar esas exposiciones públicas que ayudan a prejuzgar socialmente a una persona. Recordemos, entre otros muchos casos de famosos, el escarnio público de la introducción de Rodrigo Rato en un vehículo policial por parte de un agente en el momento de su detención.

Sin ánimo de ser exhaustivo, me referiré por último, a la regulación que se va llevando a cabo sobre las nuevas tecnologías. Hemos de destacar que se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, tales como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de whatsapp, evidentemente contando siempre con previa autorización judicial.

Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (similar a virus o troyanos) en un ordenador, un teléfono móvil o un dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de su intervención.

La Ley hace hincapie en que, si se autorizan estas intervenciones, deberán estar totalmente justificadas por lo que la resolución judicial que autorice dicha injerencia deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida, además de razonarse de modo pormenorizado que cumple con los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

También el texto introduce la figura del agente encubierto en internet, que no es otra cosa que un policía que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa. Recabando la correspondiente autorización judicial, el agente encubierto podrá obtener imágenes, grabar conversaciones y actuar en canales cerrados de comunicación, intercambiando o enviando archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación, provocando con ello la intervención más clara del presunto delincuente al que se le está investigando, facilitando con ello la obtención de pruebas más claras que demuestren la culpabilidad del ciberdelincuente.

La reforma recoge más variaciones que no podemos tratar de un modo total en este artículo por lo que podrán ser objeto de análisis en un momento posterior.

En definitiva, todo cambio legislativo conlleva críticas a favor y en contra, y éste no va a ser menos. Sin embargo, considero que es necesario ir modernizando las leyes conforme a los avances que va experimentando la sociedad. Sólo una perspectiva temporal nos dará los elementos de valoración necesarios para analizar el carácter positivo o negativo de la reforma analizada, a medida que vaya siendo aplicada por los Juzgados y Tribunales y se vaya comprobando su utilidad y eficacia. Hasta entonces, bienvenidas sean estas modificaciones.